La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que no acoja los argumentos de una demanda que busca que se legalice el suicidio médicamente asistido (SMA), como uno de los procedimientos protegidos para acceder a una muerte digna. El alto tribunal estudia una demanda que ataca el artículo 107 del Código Penal que da una pena entre 16 y 36 meses de prisión a quien apoye o induzca a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal grave o incurable.
Fuente: Diario El Tiempo
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